(In)Seguridad Social

En España el derecho a la atención sanitaria no es discutible: todos tenemos derecho a recibirla, sin excepciones y sin escusas.

Sin embargo, nótese que he hablado del derecho a la atención, no del derecho a la atención gratuita.

Aunque generalmente se crea lo contrario, la atención sanitaria no es gratuita: cada consulta u hospitalización hay que pagarla. Lo que ocurre es que, generalmente, la Seguridad Social lo paga por uno. Todos los que están trabajando legalmente, lo que es conocido como «estar de alta», están cotizando a la Seguridad Social. Ello sirve no solamente para tener, posteriormente, derecho a la prestación por desempleo o a la jubilación, sino para tener derecho a la asistencia sanitaria gratuita.

El problema lo tenemos los que no trabajamos: mientras fuimos niños, o estudiantes, tuvimos derecho a la asistencia sanitaria gratuita como beneficiarios de nuestros padres. Y luego, con nuestro primer trabajo legal, al estar de alta cotizamos por nosotros mismos.

Pero al dejar ese primer trabajo legal, que probablemente fuera temporal, causamos baja en la Seguridad Social y dejamos de cotizar. Y a los tres meses perdemos el derecho a la asistencia gratuita, sin que nadie nos lo comunique.

¿Se imaginan ir un día al médico, por una molestia quizá menor, y salir con la misma molestia y además una factura por pagar?

El problema no es el sistema: me parece normal, y además justo, que quien no cotiza no tenga derecho a que sus consultas y operaciones se paguen del fondo de la Seguridad Social que se nutre (precisamente) de las cotizaciones. Por supuesto, con la evidente excepción de proteger a pensionistas, viudas y otras personas que no cotizan porque realmente no tienen posibilidad de hacerlo.

El problema es que nadie nos comunica, a los usuarios, ese detalle. Nadie nos dice que de repente podamos perder el derecho a ir al médico sin pensar en la factura solamente por haber trabajado. De hecho, es un contrasentido: el derecho a la prestación se pierde por haber trabajado.

Dejando aparte el hecho de que durante la prestación por desempleo también se cotiza, con lo que se sigue teniendo el derecho, el caso es que la falta de publicidad de la finalización de ese derecho puede causar muchos problemas a mucha gente. Y precisamente a quienes más desatendidos estarán: quienes hayan perdido su trabajo y ya no tengan derecho al «paro». ¿Qué pasará en las familias en las que ninguno de los padres trabaje? ¿O en aquellas en las que los hijos fueran beneficiarios precisamente del que ha perdido su empleo?

En mi caso, menos mal que un familiar cercano, mi tío, me hizo notar el asunto, y esta mañana me he puesto como beneficiario de mi esposa. De lo contrario, podía haber ocurrido que me encontrara de repente con un dolor de cabeza, fuera al médico, y saliera con dos dolores de cabeza.

Porque es así: ya que el Gobierno no nos informa de que podemos perder nuestro derecho a la asistencia sanitaria gratuita, lo único que podemos hacer es informarnos unos a otros de que, al dejar de cotizar (ya sea empleo o desempleo), hay que ponerse como beneficiario de algún pariente cercano.

...y si se tercia, preguntarle a algún político por qué puede uno dejar de tener derechos al cotizar.