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miércoles, 10 de noviembre de 2010

Carta abierta a nuestros Diputados

Estimado Sr/a. Diputado/a:

Es un hecho que un artista, al crear sus obras, tiene derecho a beneficiarse de ellas, independientemente de que esa sea su intención primaria o no (de hecho, si lo fuera no sería un artista, sino un trabajador que crea obras de arte).

Es otro hecho que, en nuestra tradición jurídica, la libertad de expresión, como resultado de la de pensamiento, tiene un valor muy especial hasta el punto de que la presente Constitución la protege específicamente.

Entre ambos hechos se encuentra el problema de que la libertad de expresión se utilice, en ocasiones, al objeto de realizar copias ilegítimas, o incluso ilegales, de obras sujetas a derechos de autor (algunas de las cuales se pueden considerar culturales, el resto son simple mercadeo en forma de obra artística). Un ejemplo de ello, de especial relevancia hoy en día, son las páginas web con enlaces de descarga de obras protegidas.

La justicia con los dos hechos que mencioné arriba exige que dichas páginas puedan cerrarse rápidamente por perjudicar a los autores de obras, y al mismo tiempo exige que dichas páginas no no puedan cerrarse sin el debido proceso judicial con todas sus garantías. Es en base a esto que les ruego ayuden a diseñar y a votar un sistema en el que se garantice el control judicial de todo acto administrativo contra la libertad de expresión, a  la vez que se agilice el mismo acto a fin de proteger debidamente a los autores de obras.

En ese sentido, la idea actual del proyecto de Ley de Economía Sostenible se acerca bastante al ideal, dejando en manos de la Audiencia Nacional el cierre de páginas web, si bien lo propio sería que éstas fueran consideradas un caso más de libertad de expresión y se articulara un método único, igual para libros, periódicos, programas de televisión y páginas web, solo que adaptado a la velocidad del mundo actual. No obstante, no debería ser ninguna comisión de parte, caso de la Comisión de Propiedad Intelectual, quien ejercitara acciones e iniciara el procedimiento, sino el propio autor perjudicado o aquél en quien delegue.

Atentamente

miércoles, 25 de agosto de 2010

Sobre la posible responsabilidad de la Administración Pública en un programa desarrollado mediante un modelo libre (aspectos técnicos)

Copio otro artículo que acabo de publicar en la Desbitácora, segunda parte del anterior:

El modelo de trabajo en dos fases, con repositorio a cargo de la comunidad de desarrolladores y versiones oficiales a cargo de la A. P. es fácilmente implementable en los sistemas de «forja» de código actuales, y con poca dificultad en cualquier otro que se desee. Por ejemplo, el sistema ya existe en la forja de OSOR.eu. A tal fin se distingue entre tres formas de obtener el código:

  • A través de los medios propios del repositorio o a través de su interfaz web

  • En forma de bola 'tar' o archivo comprimido generado automáticamente por la forja

  • En forma de bola 'tar', archivo comprimido o paquete (fuente o binario) creado por los desarrolladores propios de la A. P.


En los dos primeros casos el usuario obtiene una versión del código que se considera, a todos los efectos, como inestable o de desarrollo. En el tercero, el código obtenido se considera, a todos los efectos, código publicado por la A. P.

A modo de ejemplo, véase el proyecto SEXTANTE de la Junta de Andalucía alojado en OSOR.eu que nos proporciona los tres modos:



Los casos a) y b) quedan claramente al alcance de cualquiera, pero sin embargo quien obtiene el código por dichas vías es plenamente consciente de que obtiene código no necesariamente comprobado, mientras que el caso c) es el resultado del esfuerzo consciente por parte de ciertos desarrolladores en empaquetar una versión determinada del código.

De esta manera, el flujo de trabajo comienza con desarrolladores que realizan cambios en el código y añaden tales cambios al repositorio. Según la confianza que se tenga en dichos desarrolladores, podrán añadirlos directamente a la rama «tronco» del repositorio o no, pero en cualquier caso dichos cambios son parte de la base de código desde ese mismo momento. Nótese que la responsabilidad es puramente personal del desarrollador que realiza el cambio, y que no se trata necesariamente de personas responsables ante la A. P.

El flujo continúa con la evaluación de dichos cambios por parte de dos grupos, los usuarios que decidan obtener esa versión del código y probarla, y con ello informar de posibles fallos o regresiones de código, y los restantes desarrolladores que decidan hacer una «revisión por iguales» del cambio y, en su caso, portarlo a otras ramas del repositorio.

El siguiente paso es que uno de los desarrolladores que sí tienen la responsabilidad ante la A. P. de seleccionar el código aceptable para su publicación haga una revisión de una serie de cambios al «tronco» del repositorio y publique una nueva versión oficial del programa. Es en este punto, y solamente en éste, donde aparece la responsabilidad de la A. P. ante los usuarios.

Queda el caso puntual de las versiones inestables oficiales, entendiendo por tales las versiones «candidatas para la liberación» que se publican por muchos proyectos, tanto libres como privativos. Dichas versiones son necesarias, casi imprescindibles, para probar el código antes de liberarlo, pero suelen publicarse de la misma manera que las versiones oficiales. Suelen contener una indicación clara de su estado no definitivo, como las letras 'rc' (Release Candidate) o el indicativo 'beta'. Sin embargo, el publicarlas de la misma manera que las versiones oficiales definitivas puede tomarse, con un poco de mala fe o de ineptitud, como indicativo de que se encuentras endosadas por la A. P.

El caso con estas versiones es que efectivamente se trata de versiones publicadas oficialmente, ya que es código que ha sido comprobado por los desarrolladores de confianza. En ese sentido la A. P. es responsable de la publicación de una versión inestable, pero es el usuario el responsable de haber elegido esa versión para su descarga estando disponible una versión estable oficial aunque sea más antigua: ningún usuario puede aducir que descargó una versión 'rc', 'beta' o '0.x' sin saber que se trata de versiones de prueba. Para reforzar este punto, versiones tales no deben presentarse en la página principal del proyecto, pero sí en la página de versiones liberadas de la forja. No es un problema que aparezcan en la zona de noticias de la página principal del proyecto si se presentan como versiones de prueba.

La diferencia presentada entre código en el repositorio y código publicado oficialmente hace posible el modelo de comunidad en el que la única normativa para ser considerado como desarrollador es haber contribuido con código válido.

martes, 17 de agosto de 2010

Sobre la posible responsabilidad de la Administración Pública en un programa desarrollado mediante un modelo libre

Copio un artículo que acabo de publicar en la Desbitácora:

Si una Administración Pública distribuye un programa libre, tiene cierta responsabilidad con los usuarios del mismo incluso en el caso de que la propia Licencia del programa indique lo contrario, ya que, al contrario que un distribuidor cualquiera, una A. P. sí tiene una obligación legal real de velar por los receptores del programa, que son sus ciudadanos. Dicha responsabilidad puede ser mayor aún en el caso de que el usuario del programa sea la propia A. P. de modo tal que un problema en el programa suponga para aquélla la pérdida de datos de los ciudadanos o cualquier otro resultado que les perjudique.

Al mismo tiempo, crear un programa al modo de los proyectos libres implica que varias personas (los desarrolladores en quienes se tiene confianza suficiente como para permitirles acceso de escritura al repositorio), algunas de las cuales no tendrán ningún tipo de relación contractual directa ni indirecta con la A. P. que promocione el programa, podrán realizar cambios al mismo, algunos de los cuales pueden ser perjudiciales, bona fide o maliciosamente.

Parece entonces que llegamos al dilema cruel de que una A. P. debe renunciar a liberar un programa y desarrollarlo a través de una comunidad o aceptar la responsabilidad de un programa que no se encuentra bajo su control.

Sin embargo, se trata de un falso dilema, ya que hay un paso intermedio entre el desarrollo y la publicación, que es el punto en el que la A. P. puede intervenir a fin de controlar el proceso conforme a su responsabilidad sin correr el riesgo de molestar a la comunidad de desarrolladores con injerencias. Dicho punto es la liberación de versiones oficiales del programa.

El flujo de trabajo correcto para bordear adecuadamente el problema es:
  1. que los desarrolladores trabajen libremente, hasta el punto en que tal cosa sea posible para que el programa no se aleje de las especificaciones, en el repositorio de código

  2. que un grupo seleccionado de desarrolladores, responsables ante la A. P. (funcionarios, contratados por la A. P. o contratados por una empresa contratada a tal fin por la A. P.), seleccione regularmente el código de la rama «tronco» del repositorio, lo empaquete (a modo de paquete fuente o de paquetes fuente y binario) y lo publique


De este modo, los usuarios que lo deseen pueden obtener las versiones de desarrollo del código, lo cual es imprescindible para la detección de fallos en el mismo y su mejora, sin responsabilidad para la A. P., y ésta puede proporcionar versiones oficiales que hayan pasado el filtro de los desarrolladores contratados, con plena responsabilidad.

Es conveniente, pero no necesario, que la distinción entre estas dos maneras de proporcionar el código sea patente en la interfaz web del repositorio de código, con una mención del tipo «[La A. P.] no se hace responsable de los posibles fallos de estas versiones de desarrollo y niega toda responsabilidad sobre el mismo. Si no es usted un usuario avanzado, por favor utilice las versiones oficiales que puede encontrar en [sitio web].».

Ante un problema real que se produzca como consecuencia del uso del código, la estrategia de defensa de la A. P. debe variar en función de que dicho fallo se produzca en un código obtenido del repositorio o en un programa de la distribución oficial.

En el primer caso, la A. P. debe negar toda responsabilidad, indicando que el usuario sabía lo que hacía al descargar una versión de desarrollo, e indicando que el usuario asumió toda la responsabilidad al usar la interfaz web del repositorio de desarrollo del código (si lo hizo así) o indicando que el usuario era plenamente consciente del peligro de utilizar una versión de desarrollo, ya que es inconcebible que un usuario lo suficientemente avanzado como para utilizar el repositorio sin usar su interfaz web no lo sea.

En el segundo caso, la A. P. debe aceptar la plena responsabilidad por el perjuicio causado, ya que es, al menos, responsable civil subsidiario, pero al mismo tiempo debe averiguar qué desarrollador aceptó el cambio en el código que causó el problema e iniciar las acciones penales y, en su caso, disciplinarias adecuadas, ya que sin duda se trata de uno de los «desarrolladores de confianza» plenamente identificados por ser funcionarios, contratados por la A. P. o contratados por una empresa contratada a tal fin por la A. P.

miércoles, 24 de marzo de 2010

Como no pueden ganar, intentan amenazar

Hoy, en mi aMule, he encontrado este mensaje:


*** Sesión Chat Iniciada: CoPeerRight Agency (87.222.184.204:55511) - 2010-03-23 17:21:54
[17:21:54] *** Conectado al cliente ***
[17:21:54] CoPeerRight Agency: Le recordamos que la obra - Daybreakers - esta protegida por la ley Espanola de Propiedad Intelectual (LEY 23/2006, de 7 de julio) a titulo de derechos de autor y por Tratados Internacionales. Unicamente el titular de estos derechos puede decidir si la obra ha de ser divulgada y en que forma. La puesta a disposicion, distribucion sin autorizacion y en ciertos casos, la reproduccion son ilicitas.
[17:22:00] CoPeerRight Agency: Le instamos a abandonar la descarga y suprimir los ficheros ilegales de su lista de intercambio. En caso contrario, los titulares de los derechos podran adoptar medidas judiciales para la defensa de los mismos. Este mensaje no viola ningun derecho a la privacidad. Se limita a utilizar las caracteristicas comunes de los programas de intercambio de ficheros.



En primer lugar, ¿ha visualizado alguien de esa tal CoPeerAgency los archivos que comparto a fin de comprobar si se trata de la obra que dicen proteger?

En segundo lugar, ¿todavía no se enteran de que, caso de que efectivamente estuviera compartiendo tal obra, no cometería ningún delito sino un ilícito civil?

En tercer lugar, ¿tan mala es la susodicha película que quieren compensar su fracaso en taquilla con multas a los internautas?

En cuarto lugar, ¿qué derecho tienen a meterse en mi casa, en mi pantalla, a amenazarme?

Y para acabar, si tengo derecho a ver y probar un coche antes de comprarlo, ¿qué bula se creen que tienen los que contratan a esos, llamémosles, detectives para evitar que haga lo mismo antes de ir al cine?

Les aseguro que ahora sí que no iré a ver dicha película.

Por cierto, la red desde la que se conectan estos asaltantes de pantallas es la JAZZTEL-TRIPLEPLAY, propiedad de Jazz Telecom S.A. (red 87.222.0.0/16). Y lo siento por el resto de clientes de esa empresa, pero creo que los voy a bloquear por completo de acceder a mi sistema.

Si quieren más información (sesgada, por supuesto) sobre estos invasores de intimidad, pueden leer este artículo de El País.

sábado, 12 de septiembre de 2009

¿Doctor qué?

«Doctor nada. Simplemente, El Doctor.»

Este diálogo tonto surge casi cada vez que alguien normal se encuentra con El Doctor, el personaje principal de Doctor Who, la serie televisiva de Ciencia Ficción más longeva de la historia (de 1963 a 1989), y de la nueva serie que comparte universo, título y productora desde 2005.

La serie original cuenta las andanzas de un ser que viaja por el tiempo en una cabina de teléfono azul, enfrentándose a diversos peligros, acompañado de diversas personas. El Doctor fue encarnado en todo ese tiempo por ocho actores distintos, partiendo del inolvidable William Hartnell. La nueva serie, adaptada a los tiempos que corren, con guiones pensados desde cero (aunque manteniendo la idiosincrasia del Doctor y algunos de sus enemigos imprescindibles) y un presupuesto y unos efectos especiales completamente adaptados al presente es vista como la continuación de aquella, hasta el punto de que su primer protagonista, Christopher Ecclestone, no es considerado el primer doctor del remake, sino simplemente el noveno doctor.

En resumen, una serie de ciencia ficción poco al uso de las producciones yanquis, donde lo importante es el amor a la vida y a la inteligencia, y que me encanta.

Y yo soy ahora un feliz propietario de los DVD de las primera y segunda temporadas. Y hay una cosa que quiero que les queden bien clara a la SGAE y otros chupópteros: si no me hubiera bajado primero la serie de internet nunca la hubiera visto, y no me la habría comprado ahora.

sábado, 17 de enero de 2009

La SGAE permite registrar como propias canciones anónimas del folclore español

Vía Blog de spycho80.

Pues sí, como lo oyen (leen). Resulta que en esta noticia de ABC, citada aquí por Libertad Digital, se deja bastante claro que la cueva de ladrones ya no se conforma por robarnos a todos con el Canon por Copia Privada (y repartirlo entre los suyos como le da la gana), al amparo de (una pésima interpretación de) la Ley, sino que han demostrado que van incluso más allá de la fina línea de la legalidad, dedicándose a colar detectives en actos privados (por lo que ya ha sido condenada) y a cobrar derechos de autor por canciones que no los generan.

Aclara la noticia de Alberto García Reyes para ABC que la Cosa Suya (que no Nostra) no se hace responsable de la exactitud de los datos de su registro de obras, aunque no por ello deja de utilizarlos para cobrar (¿extorsionar?) a los intérpretes de obras tradicionales. Cuenta también que el cobro ocurre porque muchas obras tradicionales o anónimas están registradas más de una vez, como obras en el Dominio Público (como corresponde) y como obras con autor conocido. Y a la hora de cobrar, los del pollo frito se deciden por el registro que les permite mamar un poco más. Para muestra, un botón del propio García Reyes en ABC:

Un ejemplo clarificador es El Vito, un canto popular andaluz cuyo origen está, según los folcloristas, en el siglo XVII, algo que queda probado con la litografía que pintó Goya con este título un siglo después, en 1824, para reflejar la danza y el canto que le dan nombre. Esta pieza tiene 106 registros en el archivo de la SGAE. Un noventa por ciento de ellos aparece como obra de dominio público sobre la que se realiza una versión. Pero la pieza también tiene registros en los que se le asigna autores originales. Uno de ellos es Antonio Sánchez Castro. Otro, Santiago Lope Gonzalo (1871-1906).

Son dos ejemplos cogidos al azar de la larga lista, en la que aparecen nombres tan ilustres como Federico García Lorca, quien, efectivamente, grabó El Vito en 1931 acompañando al piano a La Argentinita en una obra titulada «Canciones populares españolas». Lo curioso es que el propio Lorca reconoce en el título de la obra completa, «Colección de Canciones Populares Antiguas», que no es el autor original de esta pieza, a pesar de lo cual en la SGAE se le considera autor. Sus derechos los gestiona la Unión Musical Española y caducan en 2011.


No seré yo quien, aquí tampoco, niegue, ni siquiera a una organización antidemocrática y preconstitucional, el derecho a defenderse. Por ello recojo esta otra noticia de ABC titulada «La música folclórica también tiene autor», dice la entidad de gestión. Aunque ni siquiera de este modo quedan bien parados.

Cosas veredes, amigo Sancho...