Desahucio

Ayer fui por primera vez a un desahucio. Un caso en el que el propietario llevaba ya casi un año sin cobrar el alquiler, y que llevaba muchos meses ya en el juzgado.

El caso, por lo visto, no es nada extraño hoy en día, aunque no seamos conscientes de que estas cosas pasen: el inquilino subarrendó, sin permiso, a un tercero, que a su vez alquilaba habitaciones a inmigrantes sin hacer cuenta de su estado de legalidad en España. La comisión judicial, formada por dos funcionarios del juzgado y un agente de la Policía Municipal, junto al propietario, que acudía con el procurador y un cerrajero, procedieron a abrir la puerta (afortunadamente con la copia de llave del propietario) y fue en ese momento cuando descubrimos que en la vivienda no se encontraba el inquilino denunciado, sino los inmigrantes que comentaba, y que ahora son igualmente víctimas pues se han quedado sin techo y sin posibilidad de reclamar al estafador. Se encontraban allí sin agua ni luz, pues el propietario impagado había dado de baja los servicios pensando en facilitar así la salida del inquilino original, y créanme si les digo que la vivienda olía francamente mal.

Los miembros de la comisión judicial tenían otros siete desalojos para el mismo día, y van con ese ritmo todos los días de la semana, así que hagan la cuenta. Me comentaron, dentro de la reserva que deben guardar, que éste ha sido un caso sencillo: apertura con llave y habitantes que no ponen problemas. Se sacaron las maletas de esas personas al rellano (no se encontraban presentes a la hora de la apertura, sino que llegaron un poco más tarde) y, viendo que eran tan víctimas como él, o más, el propietario les dio el tiempo que necesitaran para poner el resto de sus pertenencias en cajas de cartón, mientras uno de los funcionarios levantaba acta y el cerrajero cambiaba la cerradura. Pero otros casos, me comentaron, eran mucho peores: jóvenes drogadictos que habían expulsado del piso a los inquilinos legales, pisos en los que no se atrevían a entrar sin guantes, mascarilla o botas duras, pisos con inquilinos que se resistían violentamente al desalojo, etc.

Dentro de lo que podía hacer, y más allá de su obligación legal (y quizá por debajo de su obligación humana), el propietario informó a los servicios sociales de la situación en que se acababan de ver dos personas. Le dijeron que no podían hacer nada: estaban colapsados y no tenían camas ni iban a enviar a nadie.

Para el propietario, se ha restablecido la justicia, aunque ahora tendrá que limpiar o hacer limpiar aquella casa. Pero para los desahuciados, ahora estafados y sin techo, ¿qué justicia hay?